El dinero procedente de los paraísos fiscales tendrá total impunidad en España si los evasores lo invierten en deuda pública. Además de no tributar al fisco, un Real Decreto suprimirá la obligación de declarar la identidad de los titulares, el país de procedencia y el importe de los rendimientos.Así arrancaba una noticia en la que «caí» hace un par de día por casualidad. Sin embargo, su lectura me elevó un poco más la indignación que últimamente provoca la lectura de los periódicos. La crisis afecta a todos, el patrimonio se reduce, pero nunca en la misma proporción. Pero, ¿cómo puede ser que las propias medidas gubernamentales favorezcan el «blanqueamiento» del capital llegado desde paraísos fiscales?
Y todo porque en Moncloa se está elaborando un proyecto de Real Decreto que elimina la obligación de que las entidades financieras tengan que declarar la identidad de los titulares de Deuda Pública (o privada) de no residentes, su país de procedencia y el importe de los rendimientos.
Es obvio que el Gobierno se siente casi obligado a colocar la emisión de deuda pública para financiar así el déficit público, que crece a un ritmo vertiginoso. Pero los errores económicos, ¿por qué los deben pagar los de siempre? Intuyo que el ciudadano de a pie debe mirar estas medidas con total incredulidad. Por no ir más allá. Indignado, enrabietado…
Luego se escuchan críticas al sistema norteamericano por permitir que se paguen primas multimillonarias a ejecutivos de la aseguradora AIG, rescatada de la quiebra por la inversión del gobierno de Obama. Ahí, guste o no, existe un contrato previo entre empresa y trabajador... Pero, aquí, ¿qué hay? Apuesto que vergüenza la justa.
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