La resolución se refiere a la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el alcalde, la concejal Sonia Castedo y el ex edil Luis Concepción por cinco supuestos delitos (prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida) en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a al empresa Ortiz e Hijos. ¡A quién si no!, añado.
El tribunal ha considerado que los hechos «no son constitutivos de los delitos cuya comisión se imputaba en la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal y en las querellas».
Además, hace apenas unos días la magistrada que investiga el caso Mercalicante admitió a trámite la petición del cierre del proceso penal abierto contra el alcalde.
¿Demasiadas buenas noticias? ¿Seguirá la Fiscalía Anticorrupción de Alicante su particular batalla legal contra Alperi? ¿Pondrá el alcalde sus barbas a remojar… tras la reciente detención de su homólogo en el Ayuntamiento de Totana?
Muchas preguntas. ¿Las respuestas? Con el tiempo, no se apresuren. Estamos hablando de la Justicia, recuerden.
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